Washington -- El gobierno federal abrió el jueves un nuevo y agresivo frente en la lucha por la protección de los votantes al poner en la mira a Texas con un procedimiento legal que busca someter al estado a supervisión judicial.
El gobierno de Obama también prometió acciones más fuertes después del fallo de la Suprema Corte el mes pasado que anuló una importante estipulación de la Ley de Derechos Electorales.
Esta fue la primera respuesta legal de la administración para contrarrestar el fallo por 5-4 votos de los magistrados, y el fiscal general federal Eric Holder prometió que "no será la última de nuestra parte" y se extenderá a más estados.
En un discurso ante la Liga Nacional Urbana en Filadelfia, Holder dijo que la Ley de Derechos Electorales es la "piedra angular de la ley de derechos civiles moderna", y que "no podemos permitir la lenta desarticulación del progreso por el que tantos, a lo largo de nuestra historia, se han sacrificado por alcanzar".
Los republicanos texanos insinuaron que la acción de la administración era más por cuestión de política.
"Esta decisión no tiene nada que ver con proteger los derechos de los electores, sino más bien con promover una agenda política partidista", dijo el senador John Cornyn tras el discurso de Holder.
El procurador general de Texas, Greg Abbott, dijo que el gobierno de Obama parecía estar "sembrando una división racial" y acusó al gobierno federal de aliarse con los demócratas de Texas con miras a las elecciones del 2014.
Abbott lanzó su candidatura a gobernador hace semanas.
El 25 de junio la Suprema Corte desechó la parte más contundente de la Ley de Derechos Electorales, cuya promulgación en 1965 fue un parteaguas en la lucha de los afroamericanos por alcanzar la igualdad de derechos y acceder al poder político.
Holder dijo que la primera medida del Departamento de Justicia consistió en pedir a una corte federal en San Antonio exigir aprobación previa para hacer cambios a las leyes electorales de Texas, un estado sumergido en batallas políticas, como redistritación y requisitos de identificación para votar.
"Aun mientras que el Congreso considera actualizar partes de la Ley de Derechos Electorales luego del fallo de la corte, nosotros hacemos planes para utilizar plenamente las secciones restantes de la ley para garantizar que los derechos electorales de todos los ciudadanos estadounidenses queden protegidos", dijo Holder.
El Departamento de Justicia pide que el requisito de previa autorización en Texas se aplique por 10 años y "más de 10 años si ocurren más actos discriminatorios", dijo el Departamento en un documento presentado en la corte de San Antonio.
La otra estipulación de la Ley de Derechos Electorales que invoca Holder sería una herramienta difícil de usar por el gobierno federal.
Algunas jurisdicciones han estado sujetas a recibir previa autorización para hacer cambios electorales según la cláusula de la Ley de Derechos Electorales en la que la administración se basa, pero primero una corte debe concluir que un gobierno estatal o local incurrió en discriminación intencional bajo las enmiendas constitucionales 14ta y 15ta, o bien la jurisdicción tiene que reconocer la discriminación.
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